El Miedo a la Mujer Llibre

Hay un vínculo cercano entre el empoderamiento de las mujeres, la agudización de la violencia de género y el incremento de las tasas de feminicidio en América Latina. El empoderamiento de las mujeres, el reconocimiento de los derechos y el consiguiente aterrizaje de los mismos en políticas públicas son motivo de enojo y preocupación para quienes continúan viendo a las mujeres como sujetos de segunda categoría, desprovistos de otras capacidades que no fueran las maternales o familiares y para quienes el rol de la mujer dependiente, sumisa y casta no debe ser cuestionado, mucho menos cambiado –o más bien derribado-.

Ilustración Por: La Suerte

En una entrevista al periódico nicaragüense “El Nuevo Diario”, Marcela Lagarde expresó lo siguiente con respecto a qué está influyendo para que la violencia contra las mujeres haya incrementado este año en Nicaragua y América Latina:

“Hay ideológicamente una enorme alimentación de ideas de violencia, pero también hay un enojo machista al avance social de las mujeres: se enojan por las leyes a favor de las mujeres, porque haya un presupuesto de género, porque ocupemos espacios en política; cada espacio genera una resonancia fuerte de ira que como no hay contención se vuelca contra las mujeres”.

Los planes de igualdad, las leyes contra la violencia, las leyes de cuotas y paridad, la despenalización del aborto, las licencias de maternidad y paternidad, las políticas justas para la autonomía económica de las mujeres, los planes de igualdad salarial le incomodan al patriarcado. Enfadan a los machos.

Las cifras actuales hacen posible creer en lo que dice Marcela Lagarde. En 2014, las tasas más altas de feminicidios en la región pertenecieron a El Salvador, República Dominicana, Argentina y Guatemala. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El Caribe reportó que en 2015 hubo 800 femicidios más que en 2014; el total fue 2500. En 2016 el promedio de feminicidios fue de 12 muertes diarias. Del 50% de feminicidios en el mundo, el 14% corresponden a países latinoamericanos. Y al momento hay 16 países en la región y El Caribe que aprobaron leyes o reformas en sus códigos penales para la tipificación de los asesinatos de mujeres por el hecho de serlo, bajo los nombres de femicidio, feminicidio u agravante de homicidio.

La respuesta de los violentadores y feminicidas frente a la toma de conciencia que resulta del empoderamiento, de las iniciativas que promulgan “No calles más, denuncia”, es la profundización de la violencia. La saña y la misoginia empeoran resolviéndose en muertes de mujeres más violentas y crueles.

Al menos 30 hombres violaron a una adolescente de 16 años en Río de Janeiro y luego publicaron fotos de la chica inconsciente y desnuda, después de la violación, en las redes sociales, en 2016. Lucía Pérez tenía 16 años cuando fue violada, torturada y asesinada, en Mar del Plata (Argentina). El caso de Lucía conmocionó a la región y al mundo por la evidencia de signos de empalamiento, una forma de tortura basada en atravesar el cuerpo de la víctima mediante una estaca o un objeto romo; esta puede realizarse desde un costado, de frente, por la boca, por la vagina o por el recto. Yuliana Samboní fue una niña de 7 años a quien un hombre secuestró, violó y asesinó en Bogotá, en 2016. Marilyn Méndez, de 28, tenía tres meses de embarazo cuando su expareja la acuchilló y la mató en una localidad de Buenos Aires. Vanesa Moreno, de 38, fue apuñalada por su marido hasta la muerte. En Ecuador, una niña de 13 años escapó de un hombre que intentó violarla pero este la siguió y la asesinó con 17 puñaladas.

Por supuesto, el feminicidio no es un problema reciente. El asesinato de mujeres por ser mujeres ha ocurrido desde antes que los Estados empezarán a registrarlos, y eso también por las exigencias de las instituciones y declaraciones internacionales de derechos humanos. La debilidad, como afirma Ana Carcedo, fue “la casi total ausencia de información estadística sobre la incidencia de la violencia de género contra las mujeres” (2011, p. 5) lo que impide hacer una contrastación estadística más acertada entre hoy y 20 años atrás, por ejemplo. A pesar de no contar con registros oficiales, es posible revisar los titulares de los medios de comunicación –sobre todo prensa y televisión- para hallar registros de violencia machista. De igual o mayor gravedad, probablemente. La diferencia es que antes esas muertes se consideraban “normales”, no eran responsabilidad de la institucionalidad pública y se las llamaba “crímenes pasionales”.

Ahora bien, muertes como la de Lucía, la de la joven brasileña o la de Yuliana hicieron eco en la región y en lo internacional. Provocaron grandes movilizaciones como las de la organización “Ni Una Menos”, como el Paro Internacional de Mujeres, como el “Por todas ellas” en Brasil y decenas de réplicas en todas partes del mundo. Esto influyó a que cientos de mujeres, jóvenes y adultas, cuestionaran sus relaciones violentas y tomarán la decisión de denunciar ante las autoridades competentes a sus agresores. En 2016 y 2017 aumentaron las llamadas de emergencia y las denuncias judiciales por violencia de género. Por ejemplo, en Argentina se registraron 27 mil llamadas de emergencia por violencia machista en los 4 primeros meses de 2016. Ese mismo año, Perú atendió cerca 70 500 casos de violencia física, psicológica y sexual a niñas y mujeres. Nicaragua, en 2016, atendió 14 000 denuncias por violencia de género. En el primer trimestre de 2017, en Bolivia se registraron más de 10 000 casos de violencia contra mujeres. Sin embargo, ONU Mujeres reporta que el 98% de femicidios queda en la impunidad y más del 30% de ellos registraban denuncias anteriores.

Entonces no sólo se trata de la violencia directa de los agresores hacia las mujeres sino de una violencia institucional en la cual persisten debilidades, irregularidades, irresponsabilidades y negligencia, que desembocan en altos grados de impunidad. Hay en efecto todavía uso de prejuicios y estereotipos contra las víctimas; considerar con incredulidad las declaraciones de las víctimas y las de sus familiares; tratos inapropiados a las víctimas y sus familiares en la colaboración para la investigación; demoras para iniciar las investigaciones; lentitud o inactividad en la ejecución de las mismas; negligencia en la recolección de pruebas y en la identificación de las víctimas y de los responsables; perdida de la información; y la diligencia de las investigaciones es realizada por personal que no corresponde o no actúa con imparcialidad.

En 2006, el Secretario General de las Naciones Unidas expresó lo siguiente con respecto al efecto de la impunidad en la vida de las mujeres:

La impunidad por la violencia contra la mujer agrava los efectos de dicha violencia como mecanismo de control de los hombres sobre las mujeres. Cuando el Estado no responsabiliza a los autores de actos de violencia y la sociedad tolera expresa o tácitamente a dicha violencia, la impunidad no sólo alienta nuevos abusos, sino que también transmite el mensaje de que la violencia masculina contra la mujer es aceptable o normal. El resultado de esa impunidad no consiste únicamente en la denegación de justicia a las distintas víctimas/sobrevivientes, sino también en el refuerzo de las relaciones de género reinantes y asimismo reproduce las desigualdades que afectan a las demás mujeres y niñas. (ONU, 2006, p. 30)

Por todo lo anterior, es que el Estado está obligado a disponer de una justicia integral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que:

…un acceso adecuado a la justicia no se circunscribe sólo a la existencia formal de recursos judiciales, sino también a que éstos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas. Una respuesta judicial efectiva frente a actos de violencia contra las mujeres comprende la obligación de hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria, para investigar, sancionar y reparar estos actos, y prevenir de esta manera la impunidad. (CIDH citado por ISDEMU, 2015, p. 7)

No es que la agudización del ensañamiento contra las mujeres sea un resultado directo y a propósito del empoderamiento, se trata más bien del resultado directo y a propósito del temor, el enojo y la preocupación de los machistas por el fortalecimiento del empoderamiento de las mujeres, por su toma de conciencia y su motivación a separarse y a denunciar. Que además tiene un efecto sobre toda la sociedad. Porque en el feminicidio también está involucrada la complicidad machista de las autoridades, de las instituciones y de la gente con poder, o que trabajan en él.

En el contexto latinoamericano y caribeño, en los últimos años -aproximadamente desde 2015- los movimientos de mujeres, de feministas, las comunidades LGBTI, las organizaciones sociales y políticas y la ciudadanía se tomaron lo público con marchas contra el feminicidio, los embarazos infantiles, la penalización del aborto, el acoso callejero, la desigualdad salarial y laboral, entre otros. Las protestas, sumadas al trabajo político y en territorio de antes conquistó iniciativas y programas necesarias para mejorar la vida de la mujeres y para construir sociedades más justas, equitativas e igualitarias.

Con ellas se ha conseguido transformaciones, tanto superficiales como profundas, a nivel cultural y judicial; basta mostrar el aumento de denuncias por violencia de género pero a la vez la impunidad en que quedan. Han significado consecuencias positivas y negativas, lo uno porque cada vez es mayor la cifra de mujeres que quieren salir de sus relaciones violentas, aunque no saben cómo hacerlo y tienen miedo, y lo otro porque el aumento de la saña contra las mujeres, consecuencia del trabajo mismo en contra de ella, aumenta las muertes por las irregularidades en la justicia. Han demostrado que ir contra la exaltación del machismo y la misoginia es lo más radical, difícil e inmenso del trabajo, pues se aprenden cada día en lo cotidiano y desde los discursos mediáticos. Y para quienes seguimos vivas son una deuda impagable económicamente porque las vidas de todas las niñas, jóvenes y adultas, mujeres biológicas o no, son irreparables y al parecer son el costo del tránsito hacia una vida más igualitaria y equitativa para las mujeres.

Bibliografía

• Carcedo, A. (2011). Femicidio en Ecuador. Quito.

• ISDEMU. (2015). El Feminicidio en El Salvador. Obstáculos para el Acceso a la Justicia. San Salvador.

• Lagarde, M. (01 de Octubre de 2017). Hay un enojo machista por el avance social de las mujeres. (U. Velásquez, Entrevistador)

• Naciones Unidas. (2006). Poner fin a la violencia contra la mujer. De las palabras a los hechos. Estudio del Secretario General Naciones Unidas. Naciones Unidas.

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